Tras semanas de tensiones internas por el organigrama y el reparto de funciones, Javier Milei tiene listo el decreto para poner en marcha la Agencia de Seguridad Migratoria (ASM). El organismo estará encabezado por Diego Valenzuela, el exintendente de Tres de Febrero, quien solicitó licencia en su banca de senador bonaerense para asumir este rol estratégico. La nueva agencia marca un quiebre institucional: la Dirección Nacional de Migraciones deja de ser un ente administrativo bajo el Ministerio del Interior para convertirse en una fuerza con "lógica de seguridad" bajo la órbita de Patricia Bullrich.

El objetivo declarado es el combate al crimen organizado y la intensificación de las deportaciones de extranjeros que cometan delitos. Sin embargo, el espejo en el que se mira el Gobierno —el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos— atraviesa hoy uno de sus momentos más críticos.

Un modelo bajo fuego: La crisis del ICE en Minnesota

Mientras Argentina intenta importar este paradigma, en Estados Unidos el ICE enfrenta una resistencia civil organizada que ha escalado a niveles de máxima tensión este enero de 2026.

• El detonante en Minnesota: El asesinato de Renee Good, una mujer que murió tras recibir disparos de un agente de ICE el pasado 14 de enero en St. Paul, ha desatado una ola de protestas liderada por estudiantes y trabajadores.

• Resistencia comunitaria: Organizaciones en Minnesota han activado redes de protección para evitar redadas, e incluso se ha instado a trabajadores a realizar paros masivos bajo la consigna "Ice Out of Twin Ports".

• Críticas institucionales: Alcaldes como Kaohly Her (St. Paul) y jefes de policía locales han denunciado que ICE actúa con criterios de discriminación racial, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses y agentes fuera de servicio por su aspecto o acento.

La mirada crítica en Argentina

Organismos internacionales como la CIDH ya han expresado su preocupación por el giro punitivista en la política migratoria argentina. Las críticas locales se centran en:

1. Falta de control parlamentario: Al crearse por decreto, la ASM carece de los contrapesos que una ley de migración debería garantizar.

2. Poder Policial: La posibilidad de que el personal migratorio porte armas o tenga facultades de detención similares a una policía propia genera alarmas sobre posibles abusos de autoridad en las fronteras.

3. Estigmatización: El discurso oficial centra la seguridad nacional en el "enemigo migrante", a pesar de que las estadísticas de criminalidad no muestran una correlación directa que justifique una reforma de tal magnitud.