La Patagonia argentina vive días de angustia. En plena temporada de verano, el fuego no da tregua en la Comarca Andina de Chubut, afectando severamente a localidades como Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada. Con temperaturas récord y la peor sequía desde 1965, más de 3.000 personas han sido evacuadas y las llamas ya han consumido miles de hectáreas de bosque nativo, destruyendo al menos una decena de viviendas y cortando rutas vitales como la Nacional 40.  

Sin embargo, el drama natural se ve agravado por una decisión política de ajuste. Según el proyecto de Presupuesto 2026, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) recibirá apenas $20.131 millones, lo que representa una caída real del 78,5% respecto a 2025 y un 69% menos que en 2023.  

Subejecución y desmantelamiento operativo

La asfixia presupuestaria no es nueva. Organizaciones como Greenpeace, FARN y la Asociación de Abogados Ambientalistas denunciaron que durante 2024 el Gobierno ejecutó solo el 22% de los fondos asignados, a pesar de ser un año con focos críticos en todo el país. En 2025, la tendencia continuó: se dejó sin utilizar el 25% de la partida (cerca de $20.000 millones), recursos que podrían haber financiado equipamiento y mejores salarios para los brigadistas que hoy combaten las llamas con medios limitados.  

El recorte también impacta en la capacidad de respuesta aérea. Las metas físicas del SNMF muestran una reducción drástica: de las 5.100 horas de vuelo programadas en 2023, se proyectan solo 3.100 para 2026. Asimismo, los informes de alerta temprana —esenciales para la prevención— caerán de 2.310 a solo 1.850 anuales.  

El fin de la protección contra el lobby inmobiliario

En paralelo al desfinanciamiento, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó la intención del Ejecutivo de derogar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego (Ley 27.604). Esta norma, aprobada en 2020, prohíbe por un lapso de entre 30 y 60 años el cambio de uso del suelo en áreas incendiadas (ya sea para emprendimientos inmobiliarios o actividad agropecuaria).

El objetivo de dicha ley era desincentivar los incendios intencionales, evitando que las tierras arrasadas se conviertan en negocios rentables de forma inmediata. Al respecto, el diputado Máximo Kirchner, autor de la reforma, advirtió: "La única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego para expulsar productores y entregar la tierra al lobby inmobiliario. Es un desastre para muchos y negocio para pocos".  

Con brigadistas trabajando al límite y una comunidad organizada que intenta suplir la ausencia estatal, la Patagonia enfrenta un verano negro donde el fuego avanza mientras los recursos retroceden.