Por Que tal tu Día 

El receso judicial de enero no será un tiempo de calma para el conflicto minero en Mendoza. En una decisión clave, la Dra. Jorgelina Iermoli Blanco, titular del Tribunal de Gestión Asociado N°2, resolvió habilitar la feria judicial para dar tratamiento a tres recursos de amparo que buscan declarar la inconstitucionalidad de la Ley 9684. Esta normativa es la que recientemente ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge (PSJ), reabriendo una herida social y ambiental en la provincia.

La urgencia planteada por los demandantes —entre los que se encuentran FARN, Fundación Cullunche, la Comunidad Huarpe Guaytamari y diversas asambleas por el agua— radica en el "peligro en la demora". Según el escrito presentado, los daños al ecosistema y a los derechos colectivos serían irreparables si no se interviene de manera inmediata con medidas cautelares.

Un frente judicial múltiple

La embestida legal contra San Jorge se divide en tres ejes principales que ahora los jueces de feria deberán analizar:

1. Incertidumbre Científica y Déficit Hídrico: El amparo impulsado por vecinos de Uspallata y organismos como la Asociación de Abogados Ambientalistas advierte que los estudios hídricos están desactualizados. Denuncian que el proyecto en la Ciénega del Yalguaraz carece de certezas sobre el uso del Arroyo El Tigre, sugiriendo que la mina consumiría más agua de la declarada, afectando un ecosistema de montaña crítico.

2. Derechos Indígenas y de la Naturaleza: La Comunidad Huarpe Guaytamari y la Fundación Cullunche denuncian una violación directa a la identidad cultural y a la Ley de Monumentos Naturales. Acusan al Gobierno y a la Legislatura de ignorar el diálogo intercultural y de poner en riesgo hábitats donde la actividad humana está expresamente prohibida.

3. Inconstitucionalidad Colectiva: Un amparo ambiental masivo que une a asambleas de San Carlos, Tunuyán, Alvear y Mendoza Capital, bajo el argumento de que la ley aprobada vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional.

La lupa sobre los jueces de feria

Si bien la jueza Iermoli Blanco ha mostrado celeridad —enviando ya las actuaciones al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado—, existe una tensa expectativa sobre el rol de los magistrados que quedarán a cargo durante el resto de enero. En ámbitos judiciales y ambientales, se teme que la feria se convierta en una "maniobra dilatoria" para postergar definiciones de fondo hasta febrero.

Sin embargo, el escenario se torna más complejo para el Ejecutivo provincial: además de estos amparos, se espera que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia comience a recibir acciones de inconstitucionalidad y denuncias penales contra los funcionarios y legisladores que dieron luz verde a la DIA de San Jorge.

La batalla por el agua y la montaña mendocina ha vuelto a los tribunales, y esta vez, no se tomará vacaciones.