Por: Que tal tu Día 

En un fallo que sacude los cimientos de la estrategia de seguridad de la Casa Rosada, la Justicia Federal dictó este martes la nulidad del protocolo de mantenimiento del orden público, popularmente conocido como el "Protocolo Antipiquete". La resolución judicial argumenta que la normativa implementada por el Ministerio de Seguridad desde el inicio de la gestión infringe tratados internacionales de derechos humanos y el derecho constitucional a la protesta.

El eje de la discordia

La sentencia subraya que el protocolo habilitaba el uso de la fuerza pública y la detención de manifestantes bajo criterios "discrecionales y ambiguos". El juez a cargo destacó que el Ejecutivo no puede, mediante una resolución ministerial, restringir derechos que requieren una ley debatida en el Congreso.

Desde la cartera de Seguridad, la respuesta fue inmediata. Se calificó al fallo como un "atentado contra la libertad de circulación de los argentinos" y confirmaron que la batalla legal se trasladará a la Cámara de Apelaciones. "Sin protocolo no hay orden, y sin orden no hay progreso", afirmaron fuentes oficiales.

Un escenario de incertidumbre

La anulación llega en un momento crítico:

• Movilizaciones de fin de año: Organizaciones sociales y sindicales ya han convocado a marchas para este 31 de diciembre.

• Vacío normativo: Sin el protocolo vigente, las fuerzas federales quedan en una zona gris operativa sobre cómo actuar si se producen cortes totales en accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

• Tensión institucional: El fallo profundiza la grieta entre el ala dura del Gobierno y el Poder Judicial, que en los últimos meses ha frenado varias iniciativas clave por vía de decretos o resoluciones.

Repercusiones políticas

Mientras que la oposición y organismos de DD.HH. celebraron la medida como una "victoria de la democracia", los sectores que apoyan al Gobierno temen que esto signifique el regreso del "caos en las calles". Los gobernadores, por su parte, observan con cautela, ya que el fallo también condiciona el apoyo de fuerzas federales en los territorios provinciales bajo este marco normativo.