La economía real atraviesa una de sus etapas más delicadas en décadas y los números ya no admiten maquillajes. En la Argentina actual, el cierre de empresas y la pérdida de empleo avanzan con una velocidad inédita: en promedio, baja la persiana una firma por hora y casi 400 personas quedan sin trabajo cada día. El impacto se concentra en la industria, que soporta el mayor peso del ajuste y opera en niveles de actividad que remiten a la crisis de principios de siglo.

El uso de la capacidad instalada cayó al 61% en octubre, el registro más bajo desde 2002. En algunos sectores sensibles, como el textil, la situación es aún más crítica: las plantas funcionan por debajo del 33% de su potencial. Detrás de ese dato técnico se esconde una dinámica conocida pero letal: menos producción implica máquinas paradas, costos fijos que no desaparecen, márgenes que se erosionan y, finalmente, la amenaza concreta del cierre.

Las estadísticas oficiales confirman el derrumbe. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 cerraron 19.114 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa contracción se tradujo en la pérdida de más de 264.000 puestos de trabajo registrados. En términos cotidianos, el proceso es brutal: casi 29 empresas cierran por día, 1,2 por hora, mientras que unas 394 personas pierden su empleo formal cada jornada, es decir, 16 trabajadores por hora salen del sistema.

Lejos de desacelerarse, la tendencia se profundiza. En los últimos cuatro meses relevados por la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado privado acumuló una caída de 49.000 puestos. Solo en septiembre se perdieron 10.700 empleos formales, lo que refuerza un patrón que ya no puede leerse como episodios aislados: los despidos y cierres forman parte de un proceso sostenido.

Los sectores más afectados son los previsibles. La construcción sufre la paralización casi total de la obra pública y el encarecimiento de los costos. La industria manufacturera padece la apertura de importaciones en un contexto de consumo interno retraído. El comercio, por su parte, acusa el golpe de la caída del poder adquisitivo. En todos los casos, el denominador común es la falta de demanda y de financiamiento.

La crisis también se expresa con crudeza en la cadena de pagos. Una encuesta reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que casi la mitad de las empresas tiene dificultades para cumplir con salarios, impuestos o proveedores. Un 8,2% directamente falla en todos los rubros. El 47,5% de los industriales reconoció problemas para afrontar al menos una obligación básica. Los impuestos encabezan la lista (29,3%), seguidos por los pagos a proveedores (26,7%).

El deterioro financiero se refleja además en el aumento de los cheques rechazados, que crecieron entre un 30% y un 40% en el último trimestre. Casos como el de Bodega Norton grafican la magnitud del problema: más de 40 cheques rechazados por un total de 618 millones de pesos y una deuda bancaria que supera los 42 mil millones. Las pymes son las más golpeadas, especialmente aquellas que cobran al Estado con plazos que se estiran entre 30 y 90 días.

El escenario encendió alarmas dentro de la propia UIA. En una reunión extensa y cargada de preocupación en la sede de Avenida de Mayo, los principales referentes industriales analizaron informes que mostraron una caída sostenida de la actividad y del empleo. La combinación de consumo deprimido, importaciones más baratas y crédito caro dejó sin margen a gran parte del entramado productivo.

En reserva, dirigentes de cámaras sectoriales admitieron que el parate se siente “en todos los niveles”, desde las pequeñas empresas hasta los grandes grupos. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, evitó declaraciones estridentes, pero reconoció que “la situación es compleja”. Puertas adentro, el diagnóstico fue más crudo: ya no se trata de una desaceleración transitoria, sino de una crisis instalada que redefine el mapa productivo y laboral del país.