El Estado argentino destinó este año más de $195.000 millones en exenciones impositivas a empresas tecnológicas, y casi una quinta parte de ese monto terminó en las arcas de Mercado Libre. Según datos oficiales, la compañía fundada por Marcos Galperin recibió alrededor de $39.000 millones en créditos fiscales y alivios tributarios, lo que representa un incremento del 50% respecto del año anterior.

La empresa más valiosa del país, que desde hace años se beneficia de los incentivos de la llamada Ley de Economía del Conocimiento, logró así sostener un esquema que le permite operar con una significativa carga impositiva reducida. Sin embargo, el debate volvió al centro de la escena cuando desde la oposición se preguntó por “el costo fiscal” de este régimen, que se multiplica en tiempos de ajuste y recorte del gasto público.

Lo paradójico, según señalaron especialistas tributarios, es que Galperin mantiene su residencia fiscal en Uruguay desde 2019, país donde paga sus impuestos personales y coordina parte del negocio regional. Mientras tanto, en Argentina sus filiales siguen aprovechando los beneficios estatales que buscan impulsar el desarrollo tecnológico. Solo en los últimos tres años, Mercado Libre habría acumulado más de 250 millones de dólares en ventajas fiscales provenientes del Estado argentino.

Pero el contrapunto no termina ahí. En las últimas semanas, la propia empresa pidió mayor intervención estatal. Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, reclamó medidas para frenar el avance de las plataformas chinas Shein y Temu, a las que acusó de competencia desleal. “Están destruyendo empleo argentino”, sostuvo el ejecutivo, en un pedido que muchos interpretaron como un llamado a un “proteccionismo selectivo”.

“Galperin descubrió que el mercado es libre… hasta que llegan los chinos”, ironizó un empresario consultado por este medio, resumiendo la paradoja de una firma que se beneficia de subsidios públicos y a la vez exige barreras para sus competidores extranjeros.

A todo esto se suma un historial de conflictos laborales. En 2021, distintos gremios denunciaron prácticas de tercerización y contratos eventuales dentro de la compañía, e incluso presentaron denuncias por presunto fraude laboral. Aunque la empresa negó irregularidades, los reclamos sindicales por condiciones de trabajo precarias se mantienen hasta hoy.

Así, la mayor empresa tecnológica de América Latina vuelve a quedar en el centro de la controversia: entre los beneficios estatales, las demandas de protección y las críticas por su política laboral, Mercado Libre se consolida como el ejemplo más visible de un modelo que combina incentivos públicos con ganancias privadas.