El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, volvió a poner sobre la mesa una vieja bandera de su gestión: la apertura a la minería de primera categoría. En el marco de la convención Argentina Mining Cuyo, anunció el envío del proyecto de Ley de Regalías Mineras y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, impulsado por la suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi.

La iniciativa promete “transparencia, equidad y control ambiental”, pero la historia reciente de Mendoza demuestra que los intentos por reactivar la minería chocan una y otra vez con la misma pared: la falta de licencia social y la desconfianza ciudadana frente a una actividad percibida como contaminante y opaca.

Diez años de una política que no logra arraigar

Desde su primer mandato, Cornejo ha intentado posicionar la minería como “el tercer motor de desarrollo” junto al agro y al petróleo. Sin embargo, la resistencia social ha sido constante. En 2019, el gobernador fue uno de los principales impulsores de la fallida reforma a la Ley 7722, que habilitaba el uso de sustancias tóxicas como el cianuro. La medida desató una de las mayores movilizaciones ambientales en la historia provincial, obligando al propio gobierno a dar marcha atrás apenas días después de su promulgación.

Cinco años después, el panorama no ha cambiado. Mendoza sigue sin lograr consenso para la minería metalífera, y la población continúa temiendo por el impacto sobre su recurso más escaso: el agua.

Una nueva ley con viejos problemas

El proyecto de regalías enviado ahora por el Ejecutivo busca establecer un “régimen claro y transparente” para determinar y distribuir los ingresos derivados de la actividad minera, e incorpora herramientas como trazabilidad digital, declaraciones juradas trimestrales y verificación presencial. También se vincula con el Fondo Compensador Ambiental, que promete destinar parte de los recursos a municipios adheridos para obras públicas, infraestructura y proyectos productivos.

Sin embargo, ambientalistas y organizaciones sociales advierten que la transparencia no se garantiza con tecnología, sino con instituciones sólidas y controles independientes. Además, remarcan que el gobierno provincial aún no ha presentado un plan hídrico integral que evalúe el impacto acumulativo de las explotaciones sobre las cuencas, especialmente en zonas áridas como Malargüe y Uspallata, donde avanzan las exploraciones.

El fantasma del agua y la falta de confianza

En Mendoza, el agua no es solo un recurso natural: es parte de la identidad. La provincia depende de un sistema de riego milenario que sostiene al agro, la vitivinicultura y el turismo, los pilares tradicionales de su economía.

Por eso, cuando Cornejo afirma que “nadie debe tener miedo” y que la minería “no destruye el ambiente”, sus palabras chocan con un historial de conflictos, promesas incumplidas y escasos resultados concretos.

Según informes del CONICET, las asambleas ciudadanas que surgieron tras la sanción de la Ley 7722 continúan activas y organizadas, sosteniendo una consigna clara: “el agua de Mendoza no se negocia”.

Sin licencia social no hay minería

Mientras el gobernador defiende la compatibilidad entre desarrollo minero y protección ambiental, la realidad muestra otra cosa. En localidades como Uspallata y Malargüe, las audiencias públicas se transforman en escenarios de protestas y judicializaciones. Activistas fueron incluso imputados por “coacción ideológica” en el marco de manifestaciones contra proyectos extractivos.

La tensión social persiste porque, más allá del discurso oficial, el modelo de minería a gran escala sigue sin legitimidad en una provincia donde la ciudadanía ha demostrado estar dispuesta.