Este jueves 23 de octubre, vecinos y organizaciones ambientalistas de Uspallata marcharon hacia la Legislatura de Mendoza para expresar su rechazo al proyecto minero San Jorge. La manifestación, que se desarrollaba de manera pacífica, terminó con enfrentamientos con la policía y la detención de dos personas, entre ellas Lisa Rule y Martín Iglesias.

Los incidentes se produjeron cuando los manifestantes se cruzaron con efectivos policiales alrededor de la Casa de las Leyes. En redes sociales circulan videos del momento en que Martín Iglesias es reducido y detenido por la policía, mientras se denuncia el uso de gas pimienta contra quienes participaban de la movilización.

Lo simbólicamente grave de la jornada no se limita a los enfrentamientos: que los detenidos fueran trasladados y resguardados por la policía en la misma Legislatura provincial plantea una alerta sobre la relación entre el poder político y la fuerza pública. La imagen de manifestantes siendo controlados dentro de un edificio donde se debaten leyes subraya el riesgo de que la protesta ciudadana sea criminalizada, incluso en espacios que deberían garantizar el derecho a la expresión y la participación democrática.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, se sostuvo que solo un “grupo reducido de manifestantes buscó generar disturbios”, pero para dirigentes y militantes presentes, la represión comenzó en medio de actos pacíficos. Lautaro Jiménez señaló que ya se presentó una denuncia penal contra lo que considera “violencia institucional”, recordando que el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta representan un peligro para la democracia en cualquier sociedad que se proclame libre.

Estos hechos se dan una semana después de que en el nudo vial se dieran hechos similares donde la policía de la provincia intentó llevarse detenidos a dos judiciales que se manifestaban en el nudo vial, hecho que produjo el corte de tránsito por el despliegue policial que horas después se confirmó no tenía aval ni del ministerio público fiscal ni del juzgado Contravencional para avanzar en el operativo.

Más allá del rechazo al proyecto minero San Jorge, la jornada de este jueves deja una reflexión inevitable: el cuidado de los derechos de quienes protestan es un termómetro del estado de la democracia, y la represión policial frente a la Legislatura abre un debate sobre hasta qué punto la seguridad se convierte en censura y coerción.