La diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano (La Libertad Avanza), presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Procedimientos Administrativos (N.º 19.549) para imponer responsabilidades patrimoniales directas a los empleados públicos por supuestas negligencias o demoras en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa plantea que los funcionarios y trabajadores del Estado puedan ser obligados a cubrir con su propio patrimonio las costas y honorarios judiciales cuando su accionar –o inacción– genere perjuicios al Estado o a los particulares. En la práctica, esto implicaría que cualquier empleado identificado en un proceso judicial podría ser declarado “responsable solidario” junto con el Estado y obligado a afrontar gastos millonarios de manera personal.

El proyecto introduce reformas en artículos clave, como el 3, al que se le agrega un párrafo que considera la “demora irrazonable, negligencia o impericia” no solo como falta disciplinaria sino como causa de responsabilidad contable. También incorpora los artículos 24 bis y 28 bis, que establecen la responsabilidad solidaria en juicios contra el Estado y en amparos por mora.

Riesgos de arbitrariedad y persecución

Aunque Llano sostiene que la propuesta busca “fomentar un ejercicio más diligente de la función pública”, la medida despierta fuertes críticas. Especialistas advierten que puede abrir la puerta a una persecución política y judicial contra trabajadores estatales de todos los niveles, ya que bastaría con que un juez los señale como “negligentes” para que carguen con deudas imposibles de afrontar.

El proyecto también desconoce las condiciones estructurales en las que los empleados públicos desarrollan sus tareas: falta de recursos, sobrecarga de expedientes, planteles reducidos y sistemas obsoletos que ralentizan los procesos administrativos. En ese contexto, culpar únicamente al trabajador por las demoras resulta, como mínimo, injusto.

Además, trasladar la responsabilidad patrimonial al empleado puede tener un efecto paralizante en la administración. Funcionarios temerosos de sanciones económicas podrían optar por dilatar aún más decisiones sensibles o rechazar expedientes para no exponerse a juicios futuros.

Un castigo que no toca a la dirigencia política

Otra de las críticas apunta al sesgo del proyecto: mientras el foco se coloca en los trabajadores estatales, no se establecen mecanismos de control ni sanciones reales para los altos niveles de la dirigencia política, que son quienes definen presupuestos, prioridades y políticas públicas.

En definitiva, la propuesta de Llano refuerza la idea de castigo individual sin atender a las responsabilidades estructurales del Estado. La “ineficiencia” y la “omisión” en la gestión pública no se resuelven con sanciones patrimoniales sobre empleados de base, sino con reformas profundas de organización, recursos y control político

La iniciativa todavía deberá ser discutida en comisiones, pero ya adelanta un debate cargado de tensiones: ¿se trata de una herramienta para mejorar la administración o de un nuevo mecanismo de disciplinamiento y persecución hacia el empleo público?