En un viernes que quedará marcado como uno de los más críticos de la gestión de Javier Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ordenó al Banco Central desprenderse de USD 678 millones de sus reservas para contener la escalada del dólar. Se trata de la intervención más fuerte desde la corrida de 2018, cuando el propio Caputo enfrentaba una crisis similar durante el gobierno de Mauricio Macri.

En apenas tres días, las ventas ya superaron los USD 1.100 millones, una sangría que expone el límite del actual esquema cambiario. Mientras el dólar mayorista cerró en $1.474,50, en los bancos se pagó alrededor de $1.515 y en el mercado paralelo ya superaba los $1.520. Los financieros, como MEP y CCL, se movieron incluso más arriba, lo que reinstaló la brecha cambiaria como señal de agotamiento del modelo.

Los analistas advierten que la estrategia oficial no defiende al peso, sino que habilita la salida de capitales a precio subsidiado. “Caputo no está defendiendo la moneda, está financiando la fuga”, señaló un exfuncionario económico. En los despachos privados calculan que, con un nivel de reservas netas líquidas de apenas USD 6.500 millones y vencimientos por USD 3.500 millones de aquí a fin de año, al ritmo actual el Gobierno no llega a octubre.

La tensión se multiplicó tras las declaraciones del ministro en un streaming libertario, donde afirmó: “Vamos a vender hasta el último dólar”. El mercado tomó nota y redobló la presión, elevando el riesgo país hasta 1.516 puntos, uno de los niveles más altos del año.

Ante este escenario, Milei y Caputo depositan todas sus fichas en un salvataje directo de Washington. El plan consiste en acceder a un préstamo de USD 5.000 millones del Tesoro de Estados Unidos, a través del Fondo de Estabilización que solo se utilizó en contadas ocasiones, como en la crisis mexicana de 1996. Para eso, el Presidente buscará aprovechar su vínculo con Donald Trump en la próxima Asamblea de la ONU en Nueva York, intentando que el republicano presione a su equipo económico para destrabar la asistencia.

El eventual auxilio tendría condiciones duras: garantías líquidas y devolución en un plazo máximo de seis meses, salvo que el propio presidente estadounidense pida al Congreso extenderlo por motivos excepcionales. Mientras tanto, la economía argentina se mueve al filo de una nueva devaluación y con los fantasmas de default sobrevolando el horizonte inmediato.