Mendoza aparece en los informes oficiales como una de las provincias más dinámicas en bancarización y en creación de empresas. Sin embargo, detrás de esos números que muestran crecimiento, se esconde una realidad que golpea de lleno a las familias trabajadoras: los salarios mendocinos se ubican 36,5% por debajo de la media nacional, lo que representa una pérdida anual de alrededor de $500.000 por empleado en comparación con quienes trabajan en otras provincias.

Mientras los hogares luchan para cubrir la canasta básica y el poder adquisitivo se erosiona mes a mes, el gobernador Alfredo Cornejo dispuso un incremento del 40% en su sueldo, profundizando la sensación de desigualdad y privilegio en la cúpula del poder provincial.

El contraste se torna aún más marcado en un escenario donde la narrativa oficial insiste en destacar avances en modernización y crecimiento, aunque en la práctica los indicadores sociales muestran un deterioro sostenido. Tras una década de gestión bajo la misma lógica política, Mendoza sigue quedando rezagada en materia salarial frente al resto del país.

La falta de reacción empresarial por temor a represalias, la pasividad de gran parte del arco sindical y la tibieza de los principales medios de comunicación han contribuido a consolidar un esquema que, más allá de las estadísticas, deja a la provincia estancada. En este contexto, la estrategia política se limita a administrar la coyuntura y postergar soluciones de fondo, mientras los trabajadores ven cómo su calidad de vida se deteriora año tras año.