La Argentina atraviesa uno de los episodios más oscuros de su historia sanitaria. Noventa y seis personas fallecidas, entre ellas pacientes internados en terapia intensiva de distintos puntos del país, y un bebé de apenas tres meses que arrastra secuelas irreversibles, se convirtieron en el rostro más doloroso del caso del fentanilo contaminado, un medicamento fabricado por HLB Pharma Group S.A. y distribuido sin los controles adecuados.

Un lote letal que se expandió por el país

La primera señal de alarma llegó en abril de 2025 desde el Hospital Italiano de La Plata, donde comenzaron a registrarse infecciones graves vinculadas a la aplicación de fentanilo. La investigación judicial que encabeza el juez Ernesto Kreplak identificó el origen en el lote 31202, compuesto por más de 154 mil ampollas fabricadas en apenas 17 días, un plazo incompatible con los protocolos de seguridad.

El dato más inquietante: alrededor de 42 mil ampollas fueron aplicadas en pacientes antes de la prohibición oficial emitida por la ANMAT recién el 11 de marzo. Hoy todavía no se sabe dónde están unas 30 mil dosis, lo que mantiene en vilo a todo el sistema sanitario.

Responsabilidades políticas y técnicas

El ministro de Salud, Mario Lugones, no logró despejar las críticas. Aunque se mostró conmovido en declaraciones públicas y calificó el caso como “un atentado contra la gente”, distintos sectores lo señalan por no haber actuado con la celeridad que la situación exigía. Desde su asunción en octubre de 2024, Lugones recibió advertencias sobre irregularidades en laboratorios, pero las medidas de control se implementaron tarde y de forma parcial.

Por su parte, la ANMAT, bajo la conducción de la Dra. Agustina Bisio, enfrenta acusaciones por haber ignorado más de un centenar de alertas previas sobre HLB Pharma. Según trascendió, el organismo detectó fallas en noviembre de 2024, pero recién actuó a mediados de febrero de este año. La clausura de los laboratorios de Ramallo y de HLB Pharma llegó cuando ya se habían multiplicado las víctimas.

El símbolo de un fracaso

El caso de Giovanni Benavídez, el bebé de tres meses que sobrevivió pero quedó con daños permanentes tras recibir fentanilo contaminado, se transformó en el emblema de esta crisis. Su historia expone de manera desgarradora la dimensión de un desastre que pudo evitarse.

Una crisis de confianza en el sistema

La magnitud de la tragedia reavivó la discusión sobre la seguridad del sistema sanitario argentino. Especialistas señalan que la falta de trazabilidad, la lentitud de los organismos de control y la permisividad hacia laboratorios con antecedentes ponen en jaque la confianza de la población en la salud pública y privada.

Con 96 muertes confirmadas hasta agosto y la posibilidad de que la cifra se eleve, el caso del fentanilo contaminado se posiciona como la mayor catástrofe sanitaria desde la tragedia de Once.

Reclamos de justicia y reformas

Familiares de las víctimas, médicos y organizaciones civiles exigen sanciones ejemplares contra los responsables directos, tanto en el ámbito privado como en el estatal. El juez Kreplak avanza con la causa penal, mientras en el Congreso ya se discute la necesidad de una reforma estructural en los mecanismos de control de medicamentos.

La pregunta que atraviesa el debate es inevitable: ¿cómo fue posible que un lote de veneno en forma de medicina circulara libremente por hospitales de todo el país?

La respuesta aún no llegó. Y cada día de silencio oficial se convierte en una nueva afrenta para quienes esperan justicia.