La interna en el Poder Judicial de Mendoza sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el procurador y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, replicó públicamente las críticas del juez de la Corte José Valerio. El eje de la discusión es el mismo que viene agitando el gobernador Alfredo Cornejo: la necesidad de que jueces y fiscales trabajen también en horario vespertino para agilizar el sistema penal.

Valerio había señalado que, para que las audiencias penales se extiendan a la tarde, no sólo se necesita la presencia de jueces, sino también de fiscales, cuestionando la capacidad operativa del Ministerio Público Fiscal. “Si se tiene que trabajar en la tarde hay que hacerlo, pero hay que tener capacidad operativa. Los jueces tienen que trabajar en la tarde, pero ¿qué fiscal va a estar en la audiencia? Seamos serios”, dijo el magistrado en declaraciones radiales.

La respuesta de Gullé no se hizo esperar: “Él tendría que cruzarse primero para ver si están trabajando en la tarde o no. Yo mismo estoy, están los fiscales jefes. Tendremos que hacer tal vez una reingeniería de horarios, pero nada más que eso, los recursos están”. Además, defendió la labor de sus subordinados, recordando que su tarea no se limita a participar en debates orales, sino que incluye coordinar investigaciones, detectar conexiones entre causas y gestionar grandes volúmenes de expedientes. Como ejemplo, mencionó que la Unidad Fiscal de Robos de la Primera Circunscripción maneja actualmente 1.025 detenidos con apenas ocho fiscales y dos empleados por cada uno.

La tensión surge en el marco del proyecto de ley que Cornejo presentó en la Legislatura para reformar el Código Procesal Penal. La propuesta busca ampliar la franja horaria de las audiencias al turno tarde, habilitar una mayor participación de ayudantes fiscales y codefensores, y reorganizar la Oficina de Audiencias para reducir reprogramaciones y demoras.

El debate se produce en un contexto de creciente malestar entre los trabajadores judiciales, que continúan sin acuerdo paritario. La bronca se intensificó tras conocerse que el gobernador otorgó a su propio salario un aumento del 40% —equivalente a unos dos millones de pesos— mientras que la oferta oficial a los empleados judiciales no supera el 10%, lo que implicaría un incremento promedio de 60 mil pesos en cuatro cuotas a lo largo de nueve meses.