La relación entre el Gobierno nacional y las provincias sumó un nuevo capítulo de alta tensión. La esperada reunión entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman —enviado por el ministro Luis “Toto” Caputo— y los ministros de Economía de 17 provincias terminó abruptamente, sin avances ni propuestas. Lejos de calmar las aguas, el encuentro desató la furia de los gobernadores, que ahora avanzan en un paquete legislativo para obligar a la Nación a distribuir los fondos que consideran retenidos de manera ilegítima.

El malestar de las provincias radica en la negativa persistente del Ejecutivo a distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), coparticipar de manera equitativa el impuesto a los combustibles y eliminar los fondos fiduciarios con destino incierto. Desde el entorno de los mandatarios señalan que el Gobierno solo estaría dispuesto a coparticipar la porción del impuesto a los combustibles destinada a obras viales, que representa una suma marginal. A cambio, propone transferir la responsabilidad completa de las rutas a las provincias.

Tras la fallida reunión en Casa Rosada, los ministros se trasladaron al Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde comenzaron a delinear un paquete de leyes que, de aprobarse en el Congreso, pondrían en jaque el llamado “superávit fiscal” que el Gobierno utiliza como estandarte económico. “El superávit del que hablan es trucho”, denunció sin rodeos Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe. “Los ATN son recursos coparticipables. Si el Estado nacional los retiene, está generando superávit con plata de las provincias”, explicó.

La postura de Olivares refleja el diagnóstico de varios gobernadores, quienes acusan directamente a la administración de Javier Milei de utilizar fondos provinciales para maquillar las cuentas nacionales. Un gobernador incluso fue más allá y afirmó: “Se están robando los ATN”.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo insisten en que los ATN se asignarán solo ante situaciones de emergencia. Sin embargo, en privado reconocen que se utilizan con otros fines, lo que agudiza la desconfianza y envalentona a las provincias para presionar con medidas legislativas.

En paralelo, un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso en cifras el retroceso en la Coparticipación Federal, que cayó un 3,9% interanual en junio, a pesar de que la recaudación del IVA subió un 8,3% en términos reales. El dato más preocupante para las provincias es la caída del 18,7% en Ganancias, un impuesto clave para las arcas del interior.

El conflicto fiscal entre Nación y provincias se encamina así hacia una escalada legislativa, con los gobernadores decididos a dejar atrás las promesas vacías y forzar por ley un nuevo reparto de los recursos. El “superávit trucho” ya es el nuevo eje de disputa en la política económica argentina.