En un giro inesperado en la causa que investiga la grabación clandestina de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el productor del proyecto, José María Arnal Ponti, presentó un escrito ante los fiscales de San Isidro asegurando que la jueza Julieta Makintach estaba al tanto del rodaje desde el inicio.

Arnal Ponti, presidente de la productora Ladoble S.A., declaró que cuando se sumó al proyecto de Justicia Divina, ya existía un guion y se le informó que contaban con la aprobación de la magistrada. “Desde el minuto cero en que tomé contacto con el proyecto del documental, se me fue aclarado por quienes lo ofrecieron que la jueza Makintach estaba en conocimiento del mismo, de su guión y que había prestado conformidad para su realización”, afirmó ante los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.

Según su testimonio, la propuesta fue presentada por Juan Manuel D’Emilio, un reconocido creativo publicitario, en febrero pasado. El guion había sido elaborado por él junto a María Lía Vidal Alemán, amiga de la infancia de la jueza Makintach. Arnal Ponti aseguró que la relación personal entre ambas habría sido el punto de partida del proyecto audiovisual.

El productor relató que la jueza no participó de reuniones con la productora, pero sí autorizó la filmación y facilitó su realización. “Conocí a la magistrada en la primera actividad que se emprendió, realizada el domingo 9 de marzo pasado, en el edificio de los Tribunales de San Isidro”, dijo. Allí se grabaron escenas con ella, ingresando al tribunal un día no laborable, con la colaboración de su custodia policial.

“La presencia en la grabación de la jueza, el ingreso en un edificio público un día domingo junto y merced a ella, a la vista del personal policial, sumado a las filmaciones que de su persona se hicieron, ratifica que no se trataba de una actividad clandestina y mucho menos desautorizada”, remarcó Arnal Ponti.

Sobre el primer día del juicio, reveló que la filmación estuvo centrada exclusivamente en la figura de Makintach y que el ingreso fue nuevamente coordinado a través de D’Emilio y Vidal Alemán. “Obtuvimos el material necesario para los armados audiovisuales”, sostuvo.

Incluso detalló que una mujer policía —custodia de la jueza— los recibió en la vereda y los acompañó al interior del edificio, lo que, según él, reforzaba la legitimidad de la tarea.

En cuanto a la comercialización del documental, cuyo presupuesto estimado ascendía a 800.000 dólares, explicó que cualquier ganancia sería repartida entre la productora y los creadores del proyecto. Aclaró que la jueza Makintach no fue mencionada como beneficiaria económica en ningún momento.

La declaración de Arnal Ponti abre un nuevo capítulo en la polémica por el documental que se grabó durante uno de los juicios más sensibles de la historia judicial argentina. La fiscalía deberá ahora contrastar esta versión con las pruebas recolectadas y con las propias declaraciones de la jueza, quien hasta el momento no admitió oficialmente su consentimiento para el registro audiovisual.