La reunión agendada para el próximo lunes entre jueces penales de primera y segunda instancia, en principio pensada para abordar temas de gestión interna del fuero, se ha convertido en el epicentro de una creciente tensión institucional. El motivo: las recientes declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien responsabilizó públicamente a los magistrados por las penas de prisión consideradas “demasiado leves” en casos de delincuentes reincidentes.

El encuentro, previsto para las 18 horas en el Polo Judicial y convocado por el ministro coordinador del fuero penal y juez de la Corte, José Valerio, podría transformarse en un espacio de catarsis y defensa judicial frente a lo que muchos consideran una avanzada política sobre el Poder Judicial. En especial, luego de que el gobernador tildara de “pésimo” el criterio de algunos jueces y afirmara que sus fallos “favorecen la impunidad”.

Si bien el temario inicial incluía cuestiones jurisdiccionales ya establecidas, puertas adentro se da por descontado que las críticas de Cornejo serán tratadas. Algunos magistrados creen que será Valerio quien deberá abrir el juego para abordar la creciente presión pública, aunque no descartan que sean ellos mismos quienes propongan debatirlo formalmente.

En paralelo, crece la expectativa por un eventual pronunciamiento de la Asociación de Magistrados de Mendoza, recientemente presidida por el juez Juan Pablo Civit. Desde el fuero penal se espera que la entidad emita un respaldo institucional al derecho de los jueces a ejercer sus facultades con independencia, en medio de un clima caldeado.

En privado, varios magistrados no ocultan su preocupación. Coinciden en que los dichos del gobernador tienen una doble intencionalidad: “disciplinar” a los jueces para que dicten sentencias más duras y “desviar la atención sobre las fallas estructurales del sistema de seguridad”. Señalan que no es nuevo que desde el Ejecutivo se busque trasladar la responsabilidad por el delito al sistema judicial, y que estas maniobras “responden a una lógica electoralista más que a un análisis real del funcionamiento del fuero penal”.

También se apunta contra el Ministerio Público Fiscal. Algunos jueces subrayan que, en no pocos casos, son los propios fiscales quienes acuerdan con la defensa mecanismos de juicio abreviado, lo que evita el debate oral y conduce a penas más bajas. Según explican, este sistema —legal y previsto en el Código— muchas veces es utilizado para descomprimir causas, pero genera un efecto no deseado: la percepción social de que los delitos quedan impunes.

La discusión que se avecina promete no ser sólo técnica, sino profundamente política. Con un clima social enrarecido tras hechos delictivos de alto impacto —como el asalto violento a una trabajadora en Godoy Cruz por parte de un delincuente con antecedentes graves—, el funcionamiento de la Justicia penal vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez bajo fuego cruzado entre poderes del Estado.