El costo de vida volvió a tomar impulso en marzo y puso en jaque el relato oficial que insiste en mostrar una economía en camino a la estabilidad. De acuerdo a los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un 3,7% en el tercer mes del año, marcando una suba significativa frente al 2,4% registrado en febrero.

Con este incremento, la inflación interanual trepó al 55,9%, lo que deja en evidencia que, pese a los ajustes promovidos desde el Gobierno Nacional bajo la bandera del déficit cero, la escalada de precios no cede y sigue afectando con fuerza el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

El informe oficial señaló que el rubro Educación lideró los aumentos con un salto del 21,6%, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el impacto más sensible volvió a sentirse en los productos de consumo diario. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 5,9%, impulsados por el encarecimiento de verduras, tubérculos, legumbres y carnes, categorías básicas para la dieta de millones de argentinos.

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice también encendió las alarmas: marzo cerró con un 3,2% de inflación, y solo en verduras y legumbres se registró un alza del 25,8%. “Es insostenible que la población tenga que elegir entre cubrir la canasta básica o pagar el transporte”, sostuvo un dirigente sindical al conocer los números.

Los precios estacionales crecieron un 8,4%, en un contexto sin controles efectivos, mientras que los precios regulados subieron 3,2%, lo que refleja una presión sostenida desde sectores con fuerte influencia empresarial. Pese a que el discurso libertario pregona un Estado ausente, los aumentos muestran que la intervención estatal persiste, aunque no del lado del consumidor.

El primer trimestre del año cerró con una inflación acumulada del 8,6%, lo que refuerza el sentimiento generalizado de que las medidas adoptadas por el Gobierno no logran contener la inercia inflacionaria. En cambio, el ajuste parece estar consolidando una doctrina que privilegia el mercado en detrimento del bienestar social.

En las góndolas, en las boletas de servicios y en los comedores populares, la realidad económica golpea con crudeza. La promesa de estabilización se diluye mes a mes, mientras los hogares siguen haciendo malabares para sobrevivir.