El Gobierno de Mendoza ha decidido destinar más de $13.000 millones a la gestión y descontaminación de las playas de secuestro de vehículos, una problemática que se arrastra desde hace más de 50 años sin que se hayan tomado medidas concretas para evitar el colapso. Mediante el decreto N° 1989, el gobernador Alfredo Cornejo autorizó al Ministerio de Seguridad y Justicia a licitar este servicio por los próximos 10 años, con una inversión total proyectada en $13.260.544.080. Sin embargo, esta millonaria iniciativa expone la falta de previsión y gestión eficiente en un tema que ya ha absorbido una cantidad considerable de recursos.

Las playas de secuestro, saturadas de vehículos incautados por infracciones o causas judiciales, han crecido exponencialmente a lo largo de los años, sin que se implementara una política clara para evitar su acumulación. Actualmente, más de 100 policías por día son destinados a la vigilancia de estos espacios, lo que significa un desperdicio de recursos humanos en un área clave como la seguridad. Según el propio Ministerio de Seguridad, el gasto anual para custodiar estas playas ya alcanza los $1.700 millones, sin contar los costos adicionales de transporte, grúas, logística y mantenimiento de inmuebles.

A pesar de la magnitud del problema, el gobierno recién ahora propone una solución a largo plazo que compromete las finanzas públicas por una década. El plan contempla una inversión inicial de $417.034 imputada al Presupuesto 2024, y proyecciones de más de $1.396 millones anuales hasta completar el total de más de $13.000 millones. Este cálculo, además, se basa en estimaciones que dependen de variables como las actualizaciones de la ley impositiva y posibles convenios futuros, lo que añade incertidumbre a los costos finales.

El anuncio de esta licitación pone de relieve la falta de planificación en un área que ha sido postergada durante años, generando un impacto negativo en la gestión estatal. La pregunta que queda es si este desembolso millonario será suficiente para revertir décadas de ineficiencia, o si simplemente se trata de una medida paliativa que no ataca el problema de fondo.