El PRO, a través de un comunicado oficial, confirmó su apoyo en la Cámara de Diputados al veto de Javier Milei contra la ley que garantizaba un aumento presupuestario para las universidades nacionales. Sin embargo, el partido no dejó pasar la oportunidad para criticar duramente la falta de gestión del gobierno y los conflictos internos que, según el comunicado, empeoraron la situación.

En el documento, el PRO aclaró que su postura es coherente con la votación mayoritaria de su bloque en contra del proyecto durante el debate original. Argumentaron que, para el país, es crucial mantener el equilibrio fiscal y que la ley de Administración Financiera debe respetarse, evitando gastos sin una clara fuente de financiamiento.

A pesar de este respaldo, las críticas hacia el gobierno de Milei fueron directas. El PRO señaló que la decisión de prorrogar el presupuesto de 2023 sin definir los fondos para las universidades en 2024, así como la falta de resolución en la paritaria docente, son claros ejemplos de una gestión deficiente. Asimismo, subrayaron que el gobierno aún no ha conformado las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo clave para auditar a las universidades, ni constituido la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, lo que dificulta la transparencia y el control sobre los fondos destinados a la educación superior.

Otro punto de fricción destacado en el comunicado fue la falta de acción sobre una resolución de 2022 que impide a la SIGEN auditar a las universidades, lo que, según el PRO, es una muestra de la desidia en la gestión del actual gobierno.

La crítica más contundente hacia Milei radica en el agravamiento del conflicto universitario por “cuestiones internas del propio gobierno”, en referencia a las tensiones entre miembros del gabinete como Sandra Pettovello y Santiago Caputo. Según el PRO, estas disputas internas profundizaron una crisis que, con una gestión más eficiente, podría haberse evitado.

Finalmente, el partido instó al gobierno a convocar a un diálogo urgente con los gremios universitarios para resolver las necesidades presupuestarias de cara a 2025 y permitir que tanto la SIGEN como la AGN auditen las universidades de manera efectiva.

El respaldo al veto, aunque firme, está lleno de matices que ponen de relieve el delicado equilibrio entre el apoyo legislativo y las profundas diferencias en la forma de gestionar los conflictos que afectan al sector educativo.