Manuel Adorni, portavoz oficial del presidente Javier Milei, ha consolidado una estructura de comunicación presidencial de dimensiones inéditas. Bajo su mando se agrupan más de 100 empleados distribuidos en casi una veintena de áreas clave para la difusión y la construcción de la imagen del gobierno, lo que representa una fuerte inversión del Estado en un contexto de ajuste económico severo.

El esquema organizativo que Adorni dirige cuenta con siete direcciones generales que abarcan la transmisión de actividades presidenciales, la vocería directa, la comunicación digital, la planificación estratégica, los contenidos audiovisuales y la publicidad oficial. Cada una de estas áreas tiene, a su vez, una red de catorce direcciones simples que permiten una operatividad precisa en el manejo de la imagen institucional del gobierno.

Un gasto multimillonario en plena crisis

El mantenimiento de esta extensa red tiene un costo mensual estimado en 300 millones de pesos, lo que eleva el presupuesto anual a 3600 millones de pesos. Gran parte de esta cifra se destina a la contratación de personal, con 101 empleados, entre los que se cuentan directores, coordinadores y 29 asesores de alto rango. Tan solo en salarios, la vocería consume alrededor de 132.5 millones de pesos al mes, una cifra que puede incrementarse cuando se consideran horas extras y otros pagos adicionales.

Este enorme gasto en comunicación presidencial contrasta de manera contundente con las políticas de ajuste que el mismo gobierno aplica en áreas sensibles como la educación y las jubilaciones. Mientras los sectores más vulnerables enfrentan recortes y restricciones, la vocería de Adorni continúa funcionando con un nivel de recursos que parece desentonar con el discurso oficial de austeridad que Javier Milei promovió durante su campaña presidencial.

El contraste con el "Plan Motosierra"

El llamado "Plan Motosierra" que Milei impulsó para reducir el tamaño del Estado se está traduciendo en recortes a jubilados, docentes y otros sectores de bajos ingresos, quienes ven cómo sus recursos se deterioran ante un contexto económico adverso. Sin embargo, el gasto en la estructura de comunicación, que debería reflejar las políticas de ajuste, sigue creciendo sin reparos.

Esta contradicción pone en evidencia las prioridades del actual gobierno, que, mientras impone restricciones a sectores vulnerables, no escatima en recursos para mantener una presencia mediática constante y controlada. En un país donde la crisis económica afecta a millones, el presupuesto destinado a la vocería presidencial emerge como un símbolo de un gobierno que predica austeridad pero la aplica con desigual intensidad según el área en cuestión. 

El despliegue comunicacional liderado por Adorni, en este sentido, es una clara muestra de que la imagen del gobierno es un activo que no se piensa ajustar, aun cuando otras áreas del Estado sufren los embates del ajuste y la precarización.