La construcción atraviesa uno de sus peores momentos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró en junio de 2024 una baja interanual del 35,2%, un retroceso significativo que evidencia el fuerte impacto del recorte en la obra pública dispuesto por el gobierno libertario.

El panorama no es mejor al observar los primeros seis meses de la gestión de Milei: el ISAC acumuló una caída del 32,7% respecto al mismo período del año pasado, duplicando la baja en la actividad industrial, que se contrajo un 16,1%. Aunque en términos mensuales el índice desestacionalizado mostró un leve repunte del 2,7% en junio respecto a mayo, la tendencia general apunta a una franca desaceleración, en un contexto donde la obra pública ha sido prácticamente paralizada.

El ajuste también comienza a pasar factura en el ámbito empresarial. Un caso emblemático es el de la Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (CLISA), parte del Grupo Roggio, que recientemente comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no pudo cumplir con el pago de los intereses de sus obligaciones negociables. La compañía informó que está en tratativas con sus acreedores para reestructurar sus compromisos, lo que ha generado preocupación en el mercado financiero ante la posibilidad de que esta situación se extienda a otras firmas del sector.

CLISA debía abonar los intereses correspondientes al período comprendido entre el 25 de enero y el 25 de julio de 2024, derivados de obligaciones negociables emitidas en 2021 con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal en circulación asciende a 358,050 millones de dólares. La empresa ha iniciado conversaciones con los principales tenedores de estos títulos para modificar los términos y condiciones de pago, en un intento por mantener la solvencia en un contexto económico adverso.

Mientras tanto, el gobierno de Milei, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, intenta revertir la situación con un nuevo plan de reactivación de la obra pública. Según trascendió, este plan contempla la ejecución de al menos 850 proyectos en todo el país, financiados a través de un esquema de mínimos recursos, con prioridad en las obras consideradas esenciales y con un aporte significativo de las provincias. Sin embargo, surgen dudas sobre la viabilidad de estos proyectos, ya que aún no está claro cómo se financiarán: las opciones van desde el financiamiento externo hasta recursos propios y ahorro privado.

Este escenario plantea un desafío enorme para el gobierno libertario, que enfrenta la necesidad de reactivar la construcción y, al mismo tiempo, encontrar mecanismos financieros que permitan llevar adelante los proyectos sin comprometer la ya delicada situación económica del país.