El Consejo del Salario se reunió esta tarde para discutir un nuevo ajuste del Salario Mínimo Vital y Móvil. Sin embargo, una vez más, no se llegó a un acuerdo y el Gobierno de Javier Milei procederá a aumentar el salario mínimo por decreto, sin consenso con los sectores involucrados.

El encuentro reunió a representantes de gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales, totalizando 32 participantes: 16 del sector trabajador y 16 del empresariado. La sesión, que comenzó en comisión y culminó con una plenaria ordinaria del Consejo del Salario, buscaba establecer un nuevo piso salarial y ajustar los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. No obstante, las diferencias entre lo ofrecido por las cámaras empresariales y lo demandado por los gremios impidieron llegar a un acuerdo.

En medio de un contexto donde el salario básico es el más bajo en tres décadas, esta reunión era crucial. El último intento de negociación se había realizado a fines de abril, también sin éxito. En esa ocasión, el Gobierno decidió unilateralmente un aumento del 15% en dos tramos, elevando el salario mínimo de $202.800 a $221.052 en abril, y a $234.315,12 en mayo.

Un patrón de decisiones unilaterales

El fracaso de las negociaciones no es un hecho aislado. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, esta es la tercera vez que el Gobierno boicotea el diálogo y decide los aumentos por decreto. La última convocatoria, el 30 de abril, terminó de manera similar. Los empresarios propusieron un aumento del 8% para mayo y un 5% para junio, mientras que la CTA exigió un incremento del 80%, situando el salario en $377.000 y $440.000 para el siguiente mes. Sin acuerdo, el Gobierno optó por elevar el salario a $234.000.

La falta de consenso y la imposición de ajustes salariales por decreto generan tensiones en el ámbito laboral y cuestionan la efectividad del diálogo tripartito en la gestión actual. Con un panorama económico adverso, la necesidad de encontrar soluciones concertadas se vuelve imperativa para evitar mayores conflictos y garantizar una distribución más equitativa de los recursos.