El Gobierno se vio obligado a clarificar el alcance del polémico decreto 280, que eliminó las transferencias a las cajas de jubilaciones de 13 provincias. Tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como la Oficina del Presidente, salieron a desmentir la supuesta eliminación de las transferencias, asegurando que se realizarán una vez concluida una auditoría de las cuentas.
Sin embargo, en las provincias afectadas persiste la desconfianza, con la posibilidad de recurrir a la Justicia como respuesta.El conflicto surge en un momento crucial, justo antes de una reunión programada para el próximo jueves, en la que se esperaba que los gobernadores dieran su apoyo a la ley Bases y al pacto fiscal.

La falta de claridad por parte del Gobierno genera tensiones adicionales en un escenario político ya complicado.Los gobernadores de las provincias afectadas consideran la medida como una injusticia, argumentando que el Anses se financia con impuestos coparticipables que se recaudan en sus territorios, y que al retener los fondos correspondientes, se los está discriminando.

Ante esta situación, diversas provincias evalúan la posibilidad de recurrir a la Justicia, considerando que el decreto les da un respaldo legal para hacerlo. Además, señalan que el argumento del Gobierno de auditar las cuentas antes de realizar las transferencias ya fue utilizado en el pasado y no generó resultados satisfactorios.

El jueves próximo se espera una reunión clave entre el Gobierno y los gobernadores del ex Juntos por el Cambio, donde se definirá el apoyo a la ley Bases.

Sin embargo, la controversia generada por el decreto sobre las cajas jubilatorias podría afectar las negociaciones y retrasar la aprobación de la ley.En medio de este panorama incierto, queda por ver cómo evolucionará la relación entre el Gobierno y las provincias afectadas, así como las medidas que tomarán los gobernadores en respuesta a lo que consideran un perjuicio para sus territorios y ciudadanos.