Este viernes, sábado, domingo y lunes producto de un incuplimiento en los acuerdos firmados en paritarias por parte del poder judicial de Mendoza y el gobierno de la provincia para con los trabajadores de la justicia que llevan adelante una medida de fuerza con más del 90% de adhesión. 

¿Que son las oficinas Fiscales? 

Las oficinas fiscales son las unidades organizativas de la justicia mendocina donde se recepciones las denuncias para dar inicio a los procesos judiciales correspondientes, por ley hay una en cada departamento de la provincia compartiendo edificio con comisarías y abren los 365 días del año.  

¿Cuál es el conflicto? 

En paritarias anteriores se había acordado la modificación de la base de cálculo del código procesal penal (CPP) que es un ítem particular de los trabajadores de la justicia de este sector y que se les paga por lo específico de la tarea en un pricipio ese diferencial era equivalente al 40% de su bono de sueldo, hoy en día ese ítem equivale solo al 10% razón por la cual un auxiliar judicial con toda esta carga y exposición no estaría siendo remunerado por sus 8hs de trabajo los 365 días del año con lo específico de su tarea. Además, la problemática abarca las condiciones laborales ya que en la actualidad hay un faltante del 40% del personal necesario para funcionar normalmente, lo que hace que los auxiliares de las oficinas fiscales tengan una sobrecarga en días y horarios. A esto hay que sumarle las pésimas condiciones edilicias de los lugares donde prestan servicios ya que muchos edificios no cuentan ni siquiera con las habilitaciones municipales para funcionar y pese a las intimaciones sobre esto se siguen utilizando con los riesgos que conlleva.  

Lejos del imaginario social común de sociedad en general los empleados judiciales de Mendoza son los peores pagos del país estando por debajo de la mitad de la canasta básica según los números oficiales publicados por la página oficial del gobierno de la provincia de Mendoza.  

¿Como afecta a la sociedad? 

La falta de personal en las oficinas fiscales y el crecimiento del delito en la provincia progresivo en grandes cantidades han llevado al sistema a saturarse siendo imposible para los pocos judiciales disponibles la instrucción de todos los expedientes que ingresan por día; la consecuencia de esto son plazos vencidos en expedientes o procesos que no avanzan por la falta de recurso humano siendo la sociedad la que no encuentra respuestas de justicia en el sistema y afectando directamente la seguridad de la provincia.  

¿Que pasó? 

Los trabajadores de la justicia se presentaron el viernes en el pomposo polo judicial donde tiene oficina el Procurador de la Provincia y tras forcejeos con las fuerzas de seguridad accedieron al cuarto piso del edificio para hacer oír su reclamo; acto seguido fueron recibidos por Gulle siendo parte de la reunión autoridades del gremio que representa a empleados y funcionario judiciales encabezado por Ricardo Babillon secretario general de la entidad que fue acompañado además por empleados de las oficinas fiscales.  

Según trascendió tras los reclamos realizados por judiciales el procurador reconoció las distintas problemáticas que atraviesa la justicia mendocina, se excusó con que era el gobierno provincial el que no daba lugar al cumplimiento de lo firmado en paritarias comprometiéndose a activar las vías de comunicación con el ministro de hacienda y con el propio gobernador Alfredo Cornejo.  

¿Como sigue el conflicto? 

Más allá de la reunión forzada y de las promesas, desde el gremio de judiciales mantienen la medida de fuerza que desde hace tres fines de semana alcanza un 90% de acatamiento hasta no tener un llamado formal a una mesa de discusión para buscar las vías de cumplimiento del compromiso asumido por las autoridades del poder judicial y el ejecutivo de provincial.  

En el horizonte un fin de semana largo y de no solucionarse el conflicto la posibilidad de que Mendoza se encuentre una vez más sin servicio de justicia y los consecuentes daños colaterales de un sistema que empieza hacer visible la falta de inversión durante años y la sobre exigencia sobre el personal que tienen como adicional no llegar a la canasta básica y ser los peores pagos del país.