Para la Izquierda, el protocolo antipiquetes es "completamente ilegal e inconstitucional"
El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) declaró que ese modelo "cercena el derecho a la protesta social" al participar de una audiencia pública organizada en el Congreso y convocada por los� diputados de ese partido.
El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) calificó de "completamente ilegal e inconstitucional" al protocolo antipiquetes presentado por el Gobierno nacional y declaró que ese modelo "cercena el derecho a la protesta social".
Lo hizo durante una audiencia pública organizada en el Congreso y convocada por los diputados de Frente de Izquierda Unidad Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Christian Castillo y Romina del Plá, ante la presencia de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), Hugo Cachorro Godoy (CTAA) y representantes del CELS, entre otros.
Bregman destacó la amplia y gran convocatoria al acto y aseguró que "el protocolo de (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich no solo nos parece ilegítimo sino que también es absolutamente ilegal, viola toda la legislación nacional".
Pérez Esquivel, Nobel de la Paz, sostuvo que "el proyecto neoliberal que está impulsando el presidente (Javier) Milei cierra únicamente con represión y no con la vigencia de los derechos humanos".
"Nosotros estamos para hacer valer nuestro derecho para manifestarnos libremente", dijo.
Cortiñas, a su vez, defendió el hecho de que "podamos salir a reclamar, que seamos escuchados y que se cumpla todo lo que queremos para un país con una vida digna" y agregó un pedido al Gobierno de Milei para que "respeten todos los derechos humanos".
Importante audiencia junto a Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel en el Congreso Nacional. Decenas de Organismos de DD.HH, org sindicales y sociales para repudiar el protocolo Bullrich y defender el constitucional derecho a la protesta contra el plan motosierra de Milei.
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale)
December 19, 2023
Para Del Caño, "el protocolo no solo viola leyes argentinas sino que está pasando por encima de tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional".
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